“Dicho pago no se encontraba aprobado e iba en contravía con lo planteado por el Ministerio de Educación, en una intervención administrativa en virtud de una alerta por malos manejos de los recursos de la universidad”, expresó la fiscal del caso, citada por El Heraldo.
Cabe recordar que para 2013, cuando Silvia Gette Ponce salió de la rectoría por líos judiciales, el cargo lo asumió de manera provisional Romero Ochoa.
Sin embargo, “en su condición de rector encargado, cedió su legitimidad en el cargo a Ramsés sin estar permitido. En ese cargo solo podía estar Mariano Romero en representación de Gette y no otra persona distinta”, agregó la funcionaria.
Una vez que Vargas ocupó el cargo, modificó actas y estatutos para obtener el control total de los recursos de la institución.
Además, Romero recibía bonificaciones de acuerdo con el flujo de caja en la Universidad, mientras a Vargas se le asignó inicialmente un salario de 30 millones de pesos, pero luego le adjudicaron el pago de unos honorarios por gasto de representación.
Con esta cifra, se le aumentó a Vargas el sueldo en 60 salarios mínimos y más tarde hasta 1.400 salarios mínimos, superando el presupuesto de la universidad, añadió El Universal.