Sólo horas después de sacar un comunicado en el que reitera su interés de realizar una visita a Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un segundo escrito, mucho más duro, en el que expresa su alarma por la grave crisis que atraviesa el país y condena las violaciones de los derechos humanos que se vienen presentando en el marco de las protestas sociales.
En el primer comunicado, más breve, la CIDH hacía referencia a la reunión que sostuvo en Washington con la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez y en la que esta se comprometió a permitir una visita, pero no antes de julio y una vez se negocien los términos y mandatos que tendría esa delegación. Ahora, la CIDH va mucho más allá.
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Tras insistir en que Colombia debe permitir la misma a la mayor brevedad y «honrar con ella su tradición como los compromisos internacionales», la Comisión advierte que en al menos mil de las manifestaciones que se han presentado desde el pasado 28 de abril se habrían presentados casos de «fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza.
Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes».
Se declara, además, en extrema preocupación por la pérdida de vidas humanas y cita tanto cifras de la Fiscalía como de la sociedad civil, que dan cuenta de entre 43 y 51 muertes.
Además, dice el nuevo texto: «La Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño».
La protesta social es legítima si se desarrolla en forma pacífica y las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir su desarrollo y aislar a los manifestantes que recurren a la violencia
Resalta también las denuncias de por lo menos 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes, como el caso de la adolescente que denunció haber sido agredida sexualmente por varios agentes de la fuerza pública en la ciudad de Popayán y que posteriormente se habría suicidado y otro que involucró a una agente de la fuerza pública.
La Comisión habla de casi mil heridos y critica el uso de armamentos antidisturbios por parte de la policía que, dice, generan impactos indiscriminados en contra de los manifestantes, como es el caso del lanzacohetes Venom.
La CIDH rechaza, por otra parte, expresiones con las que se está estigmatizando la protesta social -especialmente en el caso de los indígenas- y se muestra consternada por la participación de civiles en actos de represión que, afirma, han empleado armas de fuego contra los manifestantes.
«En adición, la CIDH ha observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación», dice en otro aparte la CIDH.
En el comunicado la Comisión condena a su vez que algunos grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes e injustificables actos de vandalismo que afectaron la propiedad privada y otros bienes del estado. De la misma manera, resalta el fallecimiento de 2 policías y las heridas que han recibido más de mil uniformados.
