El Valle del Cauca lidera la implementación del proyecto piloto de depuración normativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, que busca garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica con la revisión de las ordenanzas.
Lía Patricia Pérez Carmona, directora Jurídica de la Gobernación del Valle, señaló que “este proyecto piloto de depuración normativa nos permite fortalecer el sistema protegiendo los derechos de los ciudadanos, promoviendo la inversión bajo el principio de seguridad jurídica y consolidando una cultura de mejora normativa y respeto de la legalidad como base de la convivencia pacífica”.
A través del piloto se adelantó la revisión de ordenanzas emitidas por la Asamblea del Valle entre 1991 y 2021, en la que se identificaron 912 ordenanzas, de las cuales han sido depuradas 898.
“Hemos evidenciado en estas 912 ordenanzas que pueden estar obsoletas, que puede haber duplicidad normativa, que puede haber cumplido el objeto de la norma por la cual fue expedida. Así mismo, que cesaron los efectos jurídicos y se agotó el plazo definido, entonces tenemos una serie de criterios los cuales nos permiten revisar cada una de las ordenanzas y poder tener así para todo el departamento seguridad jurídica”, dijo la funcionaria.
Actualmente, el ejercicio se encuentra en etapa de concertación y conciliación con las dependencias y entidades de la Administración departamental, para garantizar la unificación de criterios y finalmente elaborar un proyecto de ordenanza de depuración normativa que será presentado a la Asamblea.
