Cali entró de lleno en el calendario electoral de 2026 con una advertencia clara para partidos y campañas: la ciudad no permitirá que la propaganda política invada el espacio público. Ante el aumento de afiches, murales y vallas en distintos sectores, las autoridades locales comenzaron operativos de control en comunas, barrios y corregimientos para verificar que las campañas respeten las normas vigentes sobre publicidad exterior. El objetivo es evitar la saturación visual en las calles mientras se desarrolla la contienda política rumbo a las elecciones legislativas y presidenciales de este año.
Las reglas son precisas y tienen límites claros. Para las elecciones al Congreso, cada partido político podrá instalar máximo 30 vallas publicitarias en la ciudad. En el caso de la campaña presidencial, el número se reduce a ocho vallas por candidato o campaña, siempre que cuenten con los permisos correspondientes. Las autoridades recordaron que estas restricciones buscan mantener el equilibrio entre el derecho a hacer campaña y la protección del entorno urbano, que en procesos electorales anteriores terminó saturado con propaganda política en calles, puentes y postes.
El control no se limita a contar vallas. La normativa prohíbe expresamente varias formas de propaganda que en campañas pasadas se volvieron comunes en la ciudad. No están permitidos murales con mensajes políticos, pasacalles colgados en puentes o postes, ni afiches pegados en mobiliario urbano como paraderos o alumbrado público. Tampoco se autoriza el uso de estructuras como puentes vehiculares o peatonales para instalar publicidad electoral. Estas prácticas deberán ser desmontadas de inmediato si se detectan durante los recorridos de inspección.
La decisión responde a una preocupación que viene creciendo en Cali: la llamada contaminación visual durante las campañas. En los primeros recorridos realizados por equipos de control se detectaron zonas donde la propaganda electoral ya empezaba a multiplicarse, especialmente en corredores viales de alto tráfico como la avenida Pasoancho o la autopista Suroriental. En algunos casos se encontraron afiches y mensajes pegados en infraestructura pública, lo que obligó a iniciar procesos de verificación y retiro del material.
Además del retiro inmediato de la propaganda irregular, las campañas que incumplan las reglas pueden enfrentar sanciones económicas. Dependiendo de la gravedad del caso, las multas pueden llegar hasta 40 salarios mínimos, además de procesos administrativos que podrían escalar a instancias electorales como el Consejo Nacional Electoral. Las autoridades también advirtieron que cada irregularidad detectada será reportada para determinar responsabilidades de partidos, movimientos políticos o candidatos.
Los operativos de control se realizarán de manera permanente durante todo el proceso electoral. Equipos de inspección recorrerán las 22 comunas urbanas y los 15 corregimientos rurales para revisar la instalación de publicidad política y atender denuncias ciudadanas. La idea es evitar que las campañas desborden el espacio público, un fenómeno que en elecciones anteriores generó quejas por el empapelamiento de muros, postes y puentes en distintos barrios.
Las autoridades también habilitaron canales para que los ciudadanos reporten propaganda irregular. Los caleños pueden informar sobre vallas o piezas publicitarias instaladas sin autorización a través de plataformas institucionales, lo que permitirá a los equipos de control verificar la situación en terreno y ordenar su retiro si es necesario. Esta participación ciudadana se considera clave para mantener vigilancia en toda la ciudad durante los meses de campaña.
El debate sobre la publicidad electoral no es menor en una ciudad del tamaño de Cali. Con millones de habitantes y una intensa actividad política, las campañas suelen competir por visibilidad en avenidas principales, barrios populares y zonas comerciales. Esa presión por ocupar espacios estratégicos ha llevado en el pasado a excesos que terminan afectando el paisaje urbano y generando conflictos con residentes y comerciantes.
Por eso las autoridades insisten en que el proceso electoral debe desarrollarse sin afectar la convivencia ni el orden de la ciudad. Las campañas aún pueden utilizar formatos permitidos, como vallas reglamentadas o publicidad móvil en vehículos autorizados, pero siempre dentro de los límites establecidos por la normativa. Cualquier pieza instalada fuera de esos parámetros será considerada una infracción.
A medida que se acercan las elecciones de 2026, la vigilancia sobre la propaganda política se convertirá en una tarea constante en Cali. La meta de las autoridades es evitar que la ciudad se convierta nuevamente en un gran mural de campaña y garantizar que la contienda electoral se desarrolle sin afectar el espacio público ni la imagen urbana de la capital del Valle.
— calinoticia.com
