La reciente decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas sigue generando debate político y preocupación social, especialmente en el Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por el narcotráfico. Desde Cali, el precandidato presidencial Mauricio Lizcano aseguró que esta medida es “la crónica de un fracaso anunciado” y que sus consecuencias recaerán, en gran medida, sobre los ciudadanos que hoy padecen la violencia y la inseguridad.
Lizcano, quien adelanta en la región su recolección de firmas con el movimiento Colombianismo, fue contundente: “El gobierno le falló al Valle del Cauca. Mientras se desgastan en debates ideológicos, aquí la gente vive con miedo. La descertificación significa menos recursos, menos cooperación internacional y más terreno libre para las estructuras criminales que se lucran del narcotráfico y de la extorsión”.
La descertificación, anunciada la semana pasada por la administración estadounidense, implica un duro golpe a la cooperación bilateral en seguridad y desarrollo. Para sectores políticos y económicos, la medida envía un mensaje de desconfianza hacia la estrategia oficial de lucha contra las drogas, cuestionando su efectividad. El Valle, corredor estratégico para el narcotráfico y escenario recurrente de violencia, es uno de los territorios más expuestos a este debilitamiento.
Crítica a la “paz total”
El exministro de Tecnologías de la Información cuestionó directamente la política de “paz total” del actual gobierno, a la que responsabilizó de haber debilitado la capacidad del Estado frente a los grupos armados. Según Lizcano, “mientras el discurso se centra en diálogos sin resultados, los actores criminales se fortalecen y los ciudadanos quedan desprotegidos”.
Para el dirigente, la descertificación no solo refleja un problema de relaciones internacionales, sino también la fragilidad de un modelo de seguridad que ha perdido credibilidad. “El narcotráfico no distingue ideologías, pero el país sí ha quedado atrapado en peleas políticas estériles. La consecuencia es la inseguridad en barrios, municipios y carreteras del Valle”, puntualizó.
Un pacto por la seguridad
Como respuesta a la crisis, Lizcano propuso un pacto regional y nacional que combine tres frentes: fortalecer la Fuerza Pública, invertir en inteligencia y cooperación internacional, e impulsar desarrollo social en comunidades vulnerables. Para él, no se trata de “someterse” a agendas externas, sino de recuperar la confianza y construir una estrategia integral que le devuelva la tranquilidad a los ciudadanos.
“El Colombianismo es sentido común aplicado a la política: recuperar la seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un deber con la gente. La descertificación debe ser un campanazo para reaccionar con contundencia y dejar de lado la división política”, enfatizó.
El peso de los datos
El boletín de la campaña incluyó algunas cifras que ilustran el panorama de seguridad en la región. El Valle del Cauca es el segundo departamento con mayor número de víctimas históricas del paramilitarismo, concentrando un 9,1% del total nacional. Aunque entre enero y julio de 2025 el hurto a personas se redujo un 24%, los analistas advierten que ese avance podría verse comprometido por la disminución de cooperación internacional.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también ha documentado cómo el corredor Cali-Buenaventura se mantiene como una de las principales rutas del narcotráfico, convirtiéndose en un punto neurálgico tanto para los grupos ilegales como para las operaciones de seguridad.
Impacto en el ciudadano común
Más allá de los discursos políticos, lo cierto es que el anuncio de Washington abre interrogantes sobre la estabilidad de programas de cooperación que han sido clave en la lucha contra las economías ilícitas y en el fortalecimiento institucional. Para comerciantes, líderes comunitarios y familias en el Valle, la incertidumbre se traduce en un riesgo mayor: menos respaldo internacional puede significar más poder para estructuras que ya imponen su ley en muchas zonas.
Lizcano advirtió que la seguridad de los vallecaucanos “no es negociable” y llamó a todos los sectores a actuar con pragmatismo. “Se necesita menos ideología y más contundencia. Vamos a recuperar el orden, la cooperación internacional y la tranquilidad de la gente”, concluyó.
El debate está abierto. Mientras la Casa de Nariño defiende su política de paz y minimiza los efectos de la descertificación, la oposición aprovecha el momento para cuestionar la efectividad de la estrategia oficial. En medio, los vallecaucanos esperan respuestas concretas, pues la violencia y la inseguridad no entienden de discursos ni de tecnicismos diplomáticos.
Lo cierto es que la decisión de Estados Unidos pone al país frente a un espejo incómodo: el narcotráfico sigue siendo una herida abierta que, sin cooperación sólida y políticas coherentes, amenaza con desangrar regiones enteras. El Valle del Cauca, epicentro de ese drama, necesita algo más que promesas: requiere hechos que devuelvan la confianza y la seguridad perdida.
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