El presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica en el panorama mediático y político del país. Durante el más reciente Consejo de Ministros, transmitido en la noche del viernes, el mandatario sorprendió al instruir al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) iniciar la licitación del Canal 1, a pesar de que la concesión actual tiene plena vigencia legal hasta el año 2037.
El anuncio generó un inmediato terremoto de reacciones en el sector de las comunicaciones, desde la empresa operadora hasta gremios económicos y voces de la oposición, quienes califican la medida como un ataque a la libertad de prensa y a los derechos adquiridos.
Una orden con sabor a controversia
En la sesión, Petro justificó su decisión asegurando que se necesita una “nueva forma de manejar la televisión”, que, según él, debe estar en manos de “las juventudes, la gente del arte y la cultura” y no controlada por “potentados económicos”.
El jefe de Estado también habló de supuestas “irregularidades” en la operación del canal, aunque no entregó mayores detalles ni sustentos jurídicos en su intervención.
El punto más crítico radica en que la concesión del Canal 1 fue adjudicada en 2017 y ratificada en la Ley 1978 de 2019, con una vigencia que se extiende hasta el 30 de abril de 2037. La norma establece un régimen especial para este tipo de contratos, lo que significa que no aparecen en plataformas como Secop, pero cuentan con plena validez jurídica.
Esto pone al Presidente en el centro de un choque legal: mientras el gobierno habla de caducidad en 2027, los documentos oficiales fijan la vigencia hasta 2037, un desfase que alimenta la controversia.
Canal 1 responde: “Ataque a la democracia”
La reacción de Plural Comunicaciones, actual operadora de la señal, fue inmediata y categórica. Su presidente, Ramiro Avendaño, denunció que la orden presidencial constituye “un ataque directo a la libertad de prensa, a la pluralidad informativa y a la democracia”.
Avendaño insistió en que “no existe sustento jurídico” para lo solicitado por Petro, y advirtió que la medida desconoce el contrato vigente y pone en riesgo la seguridad jurídica del país frente a inversionistas.
Gremios, periodistas y oposición levantan la voz
El anuncio fue rechazado desde múltiples sectores. El periodista Luis Carlos Vélez lo calificó como “un ataque contra la empresa privada y la libertad de expresión”.
A su vez, Jaime Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo que la decisión es “un atentado contra la libertad de prensa y la democracia”, sumándose a las voces que ven en la licitación anticipada un intento de control estatal sobre los medios.
Juristas como Melquisedec Torres y comunicadores como Cristian Verbel fueron más allá y describieron la decisión como “un intento de expropiación”.
Desde la arena política, el Centro Democrático no ahorró críticas: calificó la medida de “propia de dictaduras”, señalando que busca “silenciar medios críticos y controlar la información”.
Riesgos económicos y legales
Más allá de la confrontación política y mediática, la decisión abre la puerta a un complejo entramado jurídico. Expertos advierten que cualquier intento de licitar anticipadamente el Canal 1 podría desencadenar demandas multimillonarias contra el Estado colombiano, debido al desconocimiento de un contrato vigente y blindado legalmente.
El asunto también plantea interrogantes sobre la autonomía mediática y el respeto a la libertad de prensa en un contexto de alta polarización política. Para muchos, la orden del Presidente no solo golpea la confianza en la seguridad jurídica, sino que envía una señal preocupante al sector privado y a la comunidad internacional.
Una pulseada que apenas comienza
La polémica en torno al Canal 1 promete convertirse en un nuevo foco de tensión entre el gobierno y distintos sectores de la sociedad. El choque entre el Ejecutivo y la concesionaria podría escalar rápidamente a escenarios judiciales y constitucionales, donde se definirá si la decisión de Petro tiene asidero legal o si constituye un abuso de poder.
Por ahora, el anuncio deja claro que el mandatario está dispuesto a mover las piezas del tablero mediático en nombre de lo que él considera una democratización de la televisión. Sin embargo, la contundente oposición de empresarios, periodistas, abogados y partidos políticos anticipa que la disputa por el Canal 1 no será un episodio pasajero, sino una batalla de largo aliento que podría marcar un precedente en la relación entre el Estado y los medios de comunicación en Colombia.
✍️ Redacción: Calinoticia.com
