Frente al incremento de ataques, bloqueos y robos en los corredores logísticos que conectan Buenaventura con Cali, la Gobernación del Valle del Cauca activó una serie de medidas para fortalecer la seguridad en transporte de carga y pasajeros. La estrategia busca garantizar movilidad segura, protección de los transportadores y evitar pérdidas económicas que perjudican al comercio y la infraestructura regional.
El anuncio fue hecho oficialmente por el gobierno departamental con el respaldo de las autoridades locales, Policía de Carreteras y entidades del sector transporte. Se enfatiza que la seguridad ya no puede seguir siendo un riesgo latente para quienes mueven mercancías, bienes esenciales y personas: se trata de preservar el alma del comercio regional y la competitividad del Valle como puerta de salida al mar.
Una de las piezas centrales del plan son los llamados Corredores Seguros, rutas estratégicas bajo vigilancia permanente que incluyen puestos de control mixtos, presencia de Policía de Tránsito y Transporte, Ejército y autoridades locales. Estos corredores serán puntos clave para monitorear camiones, tractomulas, furgones y vehículos de transporte público, con especial atención a zonas históricamente más afectadas como los tramos montañosos y rutas que han sido escenarios de intimidaciones por actores armados.
Otra acción importante es el refuerzo tecnológico: instalación de cámaras de reconocimiento de placas, sistemas de geolocalización para flotas de transporte, y seguimiento de rutas vulnerables mediante monitoreo en tiempo real. Se busca también fortalecer los centros de gestión de emergencias y seguridad, de forma que ante un incidente se pueda reaccionar de forma rápida y coordinada.
El gobierno del Valle recuerda que, en mayo de 2025, la Gobernadora Dilian Francisca Toro había reafirmado compromiso con la seguridad de los transportadores y anunció que se trabaja en la consolidación de estos corredores seguros, acompañados por vigilancia del Ejército, Policía, tecnología anti-drones, cámaras de videovigilancia y puestos de control. Esa hoja de ruta se reactualiza con mayor urgencia tras los recientes hechos de violencia en las vías.
Otra medida anunciada es la entrega de nuevos equipos para la Policía de Tránsito y Transporte, incluyendo motocicletas y vehículos oficiales, que permitirán mayor presencia en puntos críticos y mejor capacidad de respuesta en emergencias. Estos equipos se suman al parque automotor ya existente para asegurar que los agentes puedan llegar a zonas remotas donde los ataques han sido más frecuentes.
El sector transporte, especialmente transportadores de carga pesada que circulan entre Buenaventura y Cali, ha sido uno de los más afectados. Se ha denunciado que bloqueos y atentados en esa vía —un corredor estratégico para exportaciones portuarias— generan pérdidas multimillonarias, demoras y riesgos para conductores y tripulaciones. El fortalecimiento de la seguridad en esa ruta no solo beneficia al comercio, sino que tiene impacto directo en la economía nacional.
Dentro del plan también se contempla la coordinación con organismos nacionales como Colfecar (la Federación Colombiana de Transportadores de Carga), para asegurar que las medidas no se queden en los papeles, sino que impacten directamente a quienes operan en las vías. Se busca además dotar de información, redes de alerta comunitaria y mecanismos de denuncia que permitan detectar amenazas de manera temprana.
En paralelo, se han hecho llamados para mayor inversión en infraestructura vial que contribuya a mejorar la transitabilidad y reducir factores de riesgo. Tramos deteriorados, falta de alumbrado, vías resbaladizas en época de lluvias —todos estos aspectos se consideran como parte del riesgo logístico-operativo. Mejoras en dichos tramos, dice el gobierno, forman parte esencial del plan para reforzar transporte, no solo desde lo operativo sino desde lo físico.
La ciudadanía, especialmente las comunidades y los transportadores, han acogido con expectativa este impulso institucional. Existe preocupación: que las medidas tarden, que la presencia estatal no sea sostenida en el tiempo o que los bloqueos sigan apareciendo con facilidad. Pero también hay esperanza de que, con vigilancia, tecnología, coordinación y compromisos presupuestales, los corredores logísticos puedan recuperar su condición de rutas seguras.
El reto es doble: evitar que violencia y criminalidad limiten el comercio y aislen a pueblos; garantizar que la respuesta del Estado sea visible, rápida y eficaz; y hacer de la seguridad una garantía para todos, no solo para quienes transitan la ruta, sino también para los ciudadanos que dependen de bienes y servicios que viajan por esas vías.
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