El presidente Gustavo Petro ha presentado ante el Senado una propuesta de consulta popular con 12 preguntas enfocadas en temas laborales y sociales, buscando revivir reformas previamente rechazadas por el Congreso. La iniciativa ha generado un amplio debate sobre su viabilidad política y jurídica.
Desde el punto de vista jurídico, la consulta debe cumplir con requisitos establecidos por la ley, incluyendo la aprobación del Senado y la claridad en la redacción de las preguntas. Además, no puede abordar temas que impliquen modificaciones a la Constitución.
Políticamente, la propuesta enfrenta un escenario complejo. Aunque cuenta con un respaldo ciudadano significativo, con un 57% de apoyo según encuestas recientes, el Senado no presenta mayorías claras para su aprobación. La situación se complica aún más con los recientes escándalos de corrupción que involucran a figuras políticas clave, lo que ha intensificado la crisis institucional.
Si el Senado aprueba la iniciativa, la consulta popular podría realizarse entre agosto y septiembre de 2025. Sin embargo, el proceso está marcado por la incertidumbre y la polarización política, lo que plantea desafíos significativos para su implementación.
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