La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha intensificado su pugna legal con una carta dirigida a la juez Sandra Heredia Aranda, quien preside el caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos. El abogado Jaime Granados, representante de Uribe, califica de «máxima gravedad» la negativa del juzgado a modificar la fecha de la audiencia.
En el documento, Granados argumenta que la decisión del despacho ignora los derechos fundamentales del procesado y su dignidad. La defensa propone iniciar la audiencia a las 9:00 a.m. del día programado o posponerla al 12 de septiembre, considerando el agotador viaje internacional que Uribe, de 72 años, deberá realizar para asistir.
«¿Si la representante del ente persecutor estuviera en condiciones similares se le impondría participar de la audiencia así?», cuestiona Granados, destacando que Uribe enfrentaría casi 8 horas de vuelo antes de la comparecencia.
La misiva enfatiza el deseo de Uribe de ejercer su defensa material y su derecho a estar presente en el juicio. Granados sostiene que la mera presencia del defensor técnico no garantiza plenamente los derechos del procesado.
Este enfrentamiento legal subraya la tensión entre las garantías procesales y la agenda judicial, poniendo de relieve el delicado equilibrio entre la eficiencia del sistema y los derechos de los acusados.
