La salud en el Valle del Cauca atraviesa una emergencia crítica: decenas de miles de pacientes, con enfermedades graves o urgencias médicas, no están recibiendo tratamiento, atención ni medicamentos. El llamado urgente del gobierno departamental advierte que, sin financiación inmediata, se estaría jugando con la vida de miles de vallecaucanos.
La Secretaría de Salud del Valle del Cauca, liderada por María Cristina Lesmes, denunció que varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas carecen de redes contratadas con hospitales e IPS, lo que deja sin red de atención a pacientes oncológicos, con enfermedades huérfanas, trasplantes, hemofilia y otras condiciones que requieren continuidad médica urgente.
Según la funcionaria, la deuda acumulada con prestadores de servicios en el departamento supera los 4 billones de pesos, un monto que —asegura— ha impedido la compra de medicamentos, la provisión de insumos y el mantenimiento de servicios hospitalarios básicos. Esa falta de liquidez estaría detrás del cierre de unidades de urgencias, la suspensión de tratamientos vitales y la cancelación de procedimientos esenciales.
Los efectos ya se sienten en la vida real: pacientes con cáncer pediátrico y adulto han visto suspendidas sus quimioterapias; niños con hemofilia carecen de medicamentos vitales para evitar hemorragias; personas que requieren tratamientos prolongados o especializados no encuentran atención. En algunos casos críticos, los pacientes llegan a las clínicas cuando ya no hay nada que hacer. “Se están muriendo”, fue la advertencia de la secretaria Lesmes.
Diversos sectores médicos denuncian además que los hospitales operan con sobreocupación, lo que ha llevado a un colapso de salas de urgencias, demoras enormes en la atención y falta de recursos humanos y técnicos. Para muchos vallecaucanos, acudir a un servicio vital ya no garantiza tratamiento oportuna, y la angustia ante enfermedades graves crece con la incertidumbre de acceso.
Frente a esta crisis, las autoridades departamentales hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional: “la solución es plata”, enfatizando que sin recursos adicionales no será posible garantizar salud, vida y dignidad para los ciudadanos. Al mismo tiempo, pidieron compromiso real de las EPS intervenidas, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y una reforma estructural del sistema que garantice cobertura real en todo el territorio.
Para muchas familias vallecaucanas, esta situación representa miedo e incertidumbre: la salud ya no es garantía, los hospitales no aseguran atención, y las enfermedades se ensanchan en medio de un sistema que parece quebrado. En este contexto, la exigencia de recursos, control y justicia no es solo administrativa: es una necesidad urgente de vida. CaliNoticia.com
