El departamento del Valle del Cauca vive hoy un momento decisivo en su historia de movilidad: las entidades territoriales firmaron el pasado 12 de octubre un documento clave que pone al borde la concreción del convenio de cofinanciación que permitirá avanzar con el primer tramo del Tren de Cercanías. El pacto entre la Gobernación del Valle del Cauca y los alcaldes de los municipios involucrados asegura la parte correspondiente al aporte local —el 30 por ciento del costo total— y fija una fecha límite clara para que el Gobierno nacional asuma el restante 70 por ciento.
Según el comunicado oficial, el valle ha cumplido ampliamente su parte: cuenta con estudios de factibilidad, aval técnico y financiero, y ha definido los montos asumidos por las administraciones locales. Ahora la atención se centra en la firma del convenio por parte del nivel nacional, pues de ello depende la apertura de la licitación, el cronograma de ejecución y en último término la puesta en marcha de un sistema de transporte que promete transformar la región. La entrada en vigencia de la Ley de Garantías —programada para el 8 de noviembre— marca el horizonte límite para que se haga efectivo dicho acuerdo; de lo contrario el proyecto podría quedar frenado por años.
La magnitud del proyecto es tal que arrastra expectativas de desarrollo, empleo y sostenibilidad. Conectará inicialmente a los municipios de Cali y Jamundí —que son la punta de lanza del sistema— y en fases posteriores llegará a otros municipios como Yumbo y Palmira. La ruta priorizada tiene 23,6 kilómetros, aproximadamente, y la inversión total supera los 12 billones de pesos. La firma del convenio con la Nación no solo garantizará recursos, sino que liberará los avales técnicos y financieros necesarios para licitar, adjudicar y construir.
Las autoridades locales han elevado el tono de urgencia. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y los alcaldes de Cali y Jamundí han advertido que sin la firma antes del 8 de noviembre, el proyecto entrará en un limbo por la Ley de Garantías: habría que esperar al menos hasta después de las elecciones para avanzar, lo que implicaría un aplazamiento de entre dos y tres años. Los gremios, la empresa privada y los académicos se han unido en una sola voz para pedir al presidente Gustavo Petro que no dilate más la decisión, y que la infraestructura de movilidad se convierta en una realidad para la región.
El Valle del Cauca, por su ubicación estratégica y dinámica económica, necesita una actualización urgente de su movilidad: congestión vehicular, altos tiempos de desplazamiento, accidentes frecuentes y emisiones contaminantes requieren soluciones estructurales. El Tren de Cercanías aparece como esa apuesta de largo plazo que no solo conecta territorios, sino que también impulsa desarrollo urbano, productividad y calidad de vida. Firmar el convenio de cofinanciación es, en este momento, el paso imprescindible para que no quede en discurso. La cuenta regresiva está en marcha.
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