La inestabilidad en el suroccidente del país parece no dar tregua. Informes de inteligencia advierten sobre una posible ruptura dentro de las disidencias de las FARC en el departamento de Nariño, lo que podría dar origen a una nueva estructura criminal con capacidad de desatar una escalada violenta en la región.
De acuerdo con fuentes consultadas, un disidente calificado como “experimentado criminal con historial de traiciones” estaría en abierta confrontación con alias Don Mata o “El Viejo”, actual comandante del Frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC). El objetivo del insurgente sería desconocer la autoridad de este líder y consolidar autonomía, con miras a tomar control de rentas ilícitas ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Disputa por poder y dinero ilícito
El equilibrio de fuerzas que hasta ahora mantenía cierta cohesión dentro del EMC en Nariño se tambalea. La ambición de este disidente no solo desafía la jerarquía interna, sino que abre un nuevo frente de inestabilidad en un departamento históricamente golpeado por la guerra.
El panorama no es menor: Nariño es clave para las rutas del narcotráfico que conectan la cordillera con la costa Pacífica, un corredor estratégico para la salida de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. A esto se suman las millonarias rentas derivadas de la minería ilegal y los esquemas de extorsión que mantienen asfixiada a la población civil.
Analistas de seguridad coinciden en que la posible fractura no se limita a una pugna personal, sino que representa una lucha por controlar mercados criminales cuyo valor asciende a cientos de millones de dólares anuales.
Estado ausente, comunidades en riesgo
Lo más alarmante es que este reacomodo interno ocurre en un territorio donde la presencia institucional del Estado es limitada. Municipios rurales del piedemonte y la costa de Nariño han sido escenario de escenas que revelan el poder simbólico y social de los grupos armados.
Uno de los episodios más recientes encendió las alarmas: un grupo de niños entonó el himno de las disidencias durante la entrega de un polideportivo, hecho que puso en evidencia la capacidad de cooptación de menores y el vacío de autoridad estatal.
Para defensores de derechos humanos, la instrumentalización de la niñez constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y una señal del deterioro del tejido social. Cada vez más, la población civil queda atrapada entre el fuego cruzado de disputas internas y la indiferencia oficial.
Nariño: entre la paz total y la sombra de la guerra
El contraste resulta inevitable. Nariño ha sido llamado en varias ocasiones un “laboratorio territorial de la paz total”, donde se han alcanzado avances con actores como los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Sin embargo, los esfuerzos de diálogo conviven con una realidad marcada por la fragilidad institucional y el permanente asedio de grupos armados.
La posibilidad de que surja una nueva estructura delincuencial dentro de las propias disidencias evidencia lo complejo del reto: mientras se intenta consolidar procesos de reconciliación, la dinámica de las economías ilícitas genera nuevos incentivos para la fragmentación y la violencia.
Lo que está en juego
El escenario que se abre en Nariño plantea múltiples riesgos:
- Fractura criminal interna: la división entre facciones podría desatar choques armados y reconfiguración del mapa delictivo.
- Incremento de violencia: la disputa por rentas ilícitas amenaza con más combates, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos.
- Impacto humanitario: comunidades rurales, especialmente campesinos, indígenas y afrodescendientes, quedarían nuevamente en medio de la confrontación.
- Golpe a la paz territorial: la crisis contrasta con los discursos de “paz total” y debilita la confianza de la población en los procesos de diálogo.
Un llamado urgente
Líderes sociales y organizaciones humanitarias insisten en que el Estado debe priorizar la presencia integral en Nariño, no solo con fuerza pública, sino con inversión social, educación, salud y proyectos productivos que ofrezcan alternativas reales frente al dominio de las economías ilegales.
El riesgo de que una nueva estructura criminal tome forma en Nariño no es un asunto menor: podría alterar el balance de poder en el Pacífico colombiano, reforzar el control del narcotráfico y prolongar el sufrimiento de miles de familias que ya han vivido décadas de guerra.
La alerta está encendida. Ahora, la pregunta es si el Gobierno nacional reaccionará con la celeridad que exige la situación o si, una vez más, las comunidades de Nariño tendrán que enfrentar solas las consecuencias de un conflicto que parece no dar tregua.
✍️ Redacción: Calinoticia.com
