Colombia enfrenta una alerta roja en materia de seguridad política de cara a las elecciones de 2026. La Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior advirtieron que tienen serias dificultades logísticas para garantizar la protección integral de los precandidatos presidenciales y congresales. Hasta ahora, solo 59 aspirantes han sido cubiertos por los esquemas de seguridad, de los más de 100 que lo han solicitado.
“La protección electoral está en jaque”
En una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director de la UNP, Augusto Rodríguez, llamaron la atención sobre la magnitud del desafío. Benedetti explicó que se han activado más de 1.000 servicios de seguridad que involucran unos 15.000 efectivos de la Armada, el Ejército y la Policía, pero aun así “la seguridad electoral es deficiente”.
Rodríguez advirtió que muchas licitaciones para proveer recursos críticos como vehículos blindados han sido desiertas, lo que complica aún más la garantía de protección. Según él, solo uno de los grupos licitados para vehículos blindados presentó oferta viable; los convencionales, ninguno.
Cifras que alarman
- 107 precandidatos están en lista para recibir medidas de seguridad.
- 59 de esos han conseguido protección hasta la fecha.
- Se han proyectado licitaciones nuevas y hasta solicitudes de apoyo internacional y de países vecinos para suplir lo que no se consigue en Colombia.
¿Dónde falla la logística?
Las principales trabas están en dos frentes:
- Vehículos blindados y convencionales: faltan ofertas para suplir estos medios. La UNP reporta que la licitación ha sido desierta en estos rubros.
- Cobertura geográfica y tiempo: muchas zonas del país, en especial aquellas apartadas, requieren protección logística especial, pero la capacidad de respuesta es limitada.
El factor muerte política
La advertencia cobra mayor gravedad luego del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que recordó al país que la amenaza es real. Las agrupaciones políticas de oposición han exigido garantías reales, pues consideran que sin ellas el proceso electoral podría estar viciado por miedo, intimidación o inseguridad.
¿Qué propone el Gobierno?
- Nuevas licitaciones territoriales para asegurar vehículos tanto blindados como convencionales.
- Movilizar recursos del Ejército y de fabricaciones militares nacionales (Indumil) para obtener los vehículos necesarios.
- Estudiar compras o acuerdos bilateral-gubernamentales con países vecinos para atender la demanda urgente.
Lo que está en juego
La capacidad del Estado de garantizar seguridad política no es solo una cuestión administrativa: es un pilar de la democracia. Si muchos aspirantes quedan desprotegidos, podrían ser víctimas de agresiones, amenazas o incluso atentados, algo que ya ha ocurrido. Además, la falta de garantías puede desalentar la participación política, debilitar la confianza ciudadana y poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Regiones como el Valle del Cauca, que ya enfrentan altos niveles de violencia política, podrían ser especialmente vulnerables. Si los candidatos y liderazgos locales no tienen protección adecuada, la violencia territorial se podría recrudecer, y la campaña electoral podría desarrollarse bajo sombra de temor.
Lo que esperan los ciudadanos
Desde partidos de oposición como el Centro Democrático y Cambio Radical se han pronunciado públicamente exigiendo medidas más contundentes. Consideran que las advertencias no son suficientes si no van acompañadas de acciones efectivas que se vean en el territorio.
El país está en la antesala de unas elecciones donde la seguridad no puede ser una promesa, sino una realidad palpable.
